La nueva Directiva de Eficiencia Energética (UE) 2023/1791, adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 13 de septiembre, se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), introduciendo cambios significativos en el marco normativo, en particular en el Reglamento (UE) 2023/955 en su versión revisada.

La nueva directiva entrará en vigor en un plazo de 20 días. Transcurrido este plazo, los Estados miembros de la Unión Europea dispondrán de dos años para transponer la mayoría de sus disposiciones a su legislación nacional.

La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) marca la fase final del proceso legislativo iniciado con la propuesta de la Comisión Europea en julio de 2021 como parte del paquete del Objetivo 55, que se complementó con una propuesta adicional en el marco del plan REPowerEU en mayo de 2022. La nueva directiva introduce una serie de medidas destinadas a acelerar la eficiencia energética, incluida la adopción del principio de "priorizar la eficiencia energética" en las políticas energéticas y no energéticas.

Los cambios

La nueva directiva establece un objetivo jurídicamente vinculante para la Unión Europea de reducir el consumo final de energía en un 11,7 % para 2030 (en comparación con el escenario base de 2020). Esto incluye la obligación de cada Estado miembro de fijar su contribución nacional indicativa, basada en criterios objetivos que reflejen las circunstancias nacionales. Si las contribuciones nacionales no se suman al objetivo de la Unión Europea, la Comisión aplicará un ambicioso mecanismo de ajuste por déficit.

Otro objetivo es aumentar el ahorro energético anual del 0,8 % actual al 1,3 % (2024-2025), con un incremento progresivo hasta el 1,5 % (2026-2027) y el 1,9 % a partir de 2028. Esto equivale a un promedio del 1,49 % de ahorro anual adicional para el período comprendido entre 2024 y 2030.

La nueva directiva también pretende obligar a los Estados miembros a priorizar a los clientes vulnerables y la vivienda social en sus medidas de ahorro energético; introducir un objetivo anual de reducción del consumo energético del 1,9 % para el sector público en su conjunto; extender la obligación anual de renovación de edificios del 3 % a todos los niveles de la administración pública; introducir un enfoque diferente, basado en el consumo energético, para equipar a las empresas con un sistema de gestión energética o realizar auditorías energéticas; introducir una nueva obligación de supervisar la eficiencia energética de los centros de datos, con una base de datos a nivel de la Unión Europea para recopilar y publicar estos datos; promover los sistemas locales de calefacción y refrigeración en los municipios más grandes y aumentar progresivamente la eficiencia energética en el suministro de calor o frío, incluso en las redes de calefacción urbanas.